Con la remisión se superaron las expectativas tributarias
En el proyecto de Ley de Fomento Productivo se contemplaba la remisión tributaria para los deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Servicio Nacional de Aduana (Senae) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Consistía en condonar las multas por mora y por intereses, mas no el capital adeudado.
Las críticas fueron severas y a pesar de ello las autoridades económicas confiaron en que la idea podía tener una respuesta positiva. Lo importante, se explicó entonces, era que el Estado recupere ese dinero y que las empresas y los contribuyentes se pongan al día en sus obligaciones, para lo cual se estableció un plazo que termina hoy. Los resultados y las expectativas fueron superados por la realidad. La directora del SRI informó que la remisión, hasta el día miércoles, había alcanzado la cifra de $ 1.075 millones, un monto que puede crecer y que supera la meta inicial de $ 602 millones.
Una explicación más técnica señala que, de lo recaudado, hasta el momento $ 573 millones fueron en efectivo y se otorgaron facilidades de pago por $ 114 millones; en tanto otros $ 390 millones están en un proceso denominado de conciliación o desistimiento. El total de contribuyentes que se acogieron al beneficio de la remisión fue de 308.000 y el 99,5% de quienes han pagado corresponde a micro, pequeños y medianos empresarios.
En el caso del IESS es muy importante que se reduzca la mora en el pago de los aportes para que no se afecte la atención de salud o el pago de las pensiones a los jubilados. De continuar la tendencia, es probable que al cierre del plazo la meta se haya duplicado.
Es una noticia positiva, deja claro que, en términos generales, los ecuatorianos somos responsables en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias y que si hubo atrasos fue por causas extraordinarias. La economía es sensible y eso lo entendieron las autoridades para proponer la remisión, un mecanismo que permite recuperar todo el capital adeudado, lo que significa que el dinero regresa a la caja fiscal y el Gobierno puede destinar esos recursos para los fines presupuestados. (O)
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