A propósito de la polémica por el devenir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus instituciones y comisiones, de fondo no se desata todavía un debate mayor que en el Ecuador está latente y conlleva una serie de posturas que no han sido abordadas suficientemente.

En concreto, como lo señalan, en voz baja, algunos analistas: ¿Cuál es la realidad de las organizaciones que defienden los derechos humanos? ¿Hay una crisis de representación y de gestión política en ellas? ¿Los activistas actúan bajo los principios fundamentales o movidos por los resortes de apoyo u oposición al gobierno?

Las mismas preguntas se han hecho en Argentina,  Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia algunos analistas y observadores.

Sobre todo hay tensión porque en esos países como en el nuestro ahora gobiernan partidos y/o movimientos de izquierda a los cuales la “hegemonía liberal” no les perdona su existencia.

Es más: están marcados por el estigma de la guerra fría y sostienen, por todos los medios posibles, una reproducción automática de esquemas y modelos que no cuadran con la realidad.

Por eso, esas preguntas hay que hacerlas y que respondan los dirigentes de las organizaciones tradicionales de los derechos humanos del Ecuador. Sin negar su enorme aporte y trabajo durante regímenes autoritarios y, evidentemente, señalados como violentos, también hay que mirar que la legislación y la Constitución no son las mismas, pero también que hay instituciones y políticas públicas de otra naturaleza que han “quitado” protagonismo a esas organizaciones.

¿Había antes un Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional con principios y normativas para garantizar la plena defensa de los derechos humanos? Si esas organizaciones no se piensan y resignifican, lastimosamente verán a todos con la misma óptica de hace 20 años.