Hay una suerte de maniqueísmo extremo en sectores de oposición, juristas y analistas, en relación con las enmiendas constitucionales. En la lógica jurídica, el Estado -de cualquier país- garantiza los derechos y vela porque sean cumplidos, incluso por  los funcionarios de ese mismo Estado, aunque suene paradójico en la lógica de los sectores.

Malacostumbrados a vivir con un Estado paralítico y paralizado por la acción de grupos y corporativismos, parecería que solo la sociedad civil es capaz de garantizar sus derechos. Ello explica lo que muchos de los actuales críticos de las posibles enmiendas dijeron en su momento: proliferaron las ONG por la ausencia de Estado. Y eran ellas las más activas en la defensa y la promoción de derechos.

Ahora, recuperado el Estado como garante y promotor de derechos, ¿todos esos actores políticos extrañan la tarea de las ONG? ¿O será que, al no tener otra forma de trabajo (sin tanto recurso externo), las ONG perdieron su razón de ser de la lógica del pasado?