La idea puede resultar inicialmente extraña: un recorrido por un edificio que albergó una cárcel, convertido en museo. Pues eso ofrece el inmueble en que funcionó el expenal García Moreno, de Quito, hasta cinco años atrás.

Lo que el visitante encuentra en el sitio, además de la desgastada edificación, es una serie de historias sobre la difícil vida que llevaban los miles, millones quizás, de internos que pasaron por sus puertas desde su construcción en la segunda mitad del siglo XIX.

Quienes las cuentan son personas privadas de la libertad que cumplen la última parte de sus condenas en régimen semiabierto y que actúan tal cual guías como una forma de “hacer méritos” y favorecer su condición.

En un reportaje publicado en este Diario, uno de ellos narró cómo las armas ingresaban casi libremente al denominado centro de rehabilitación social mediante el pago de sobornos a guardias o personal de cocina. Algo similar ocurría con las drogas.

En las últimas décadas el país ha hecho esfuerzos para modernizar la infraestructura de los reclusorios, lo que siempre resultará limitado por las condiciones y la perenne escasez de recursos. Los problemas vividos este año en centros de privación de libertad del país muestra que falta mucho por hacer.

No obstante y a pesar de las dificultades se ejecutan también programas que buscan insertar a los privados de la libertad en un sistema de rehabilitación.

El mantenimiento del museo carcelario mencionado es un ejemplo de ello. Sin embargo, no es el único caso. En el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Mujeres de Guayaquil, un grupo de detenidas aprende a leer y escribir. Y según datos oficiales, hasta septiembre pasado 5.521 privados de la libertad asistían a algún nivel de instrucción mientras cumplían su condena. Otros ejecutan algún oficio como la confección de uniformes o tareas de panadería.

Así, el ingreso a uno de estos lugares, por las razones que fueren, no significa el fin y quienes pasan por ellos tienen oportunidades. (O)