Una de las áreas más críticas, reconocidas por el presidente Rafael Correa, ha sido la agricultura, en estos cinco años de Gobierno. La dificultad de cambiar el modelo de acumulación tiene en ese sector uno de los signos más evidentes. Y ello no es solo en este régimen: ya las dos reformas agrarias ocurridas en el Ecuador revelaron la resistencia de unos sectores y la complejidad del tema.

Siendo una de las banderas más simbólicas de la lucha campesina, la repartición de la tierra no es la solución única ni tampoco la que resuelve todos los problemas. Agrocalidad, las Escuelas de la Revolución Agraria y la entrega de urea y otros planes en este Gobierno no han sido suficientes para cambiar la matriz del sector: aún persisten problemas de concentración de la propiedad en algunas zonas, la frontera agrícola le gana a sectores de protección y el desarrollo urbano acecha áreas protegidas.

Y es significativo que el presidente Correa haya exigido a sus ministros de Agricultura más celeridad en la entrega de tierra y en el desarrollo eficiente de los planes agropecuarios, pero han pasado ya algunos y eso todavía persiste como un déficit.

De ahí la evidencia de que poner un ministro sea una tarea compleja. El que sea, sabe que afronta enormes retos y dificultades por la misma magnitud del problema. Se requiere liderazgo fuerte y disposición efectiva para sacar adelante uno de los ejes fundamentales del Plan Nacional del Buen Vivir.

De hecho, todo lo que se ha avanzado en este campo todavía resulta insuficiente para lo que los campesinos, indígenas, agricultores, empresarios y el propio Gobierno demandan para desarrollar el proceso de una verdadera soberanía alimentaria.