Las relaciones institucionales entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) del país se asientan sobre una sólida normativa legal que, en el transcurso del tiempo, ha generado estabilidad en los gobiernos regionales, provinciales, cantonales y parroquiales.

En los hechos, esta estabilidad se ha traducido en que los GAD, sin distingo político ni prevención ideológica, han accedido a recursos del Estado para financiar el desarrollo local. Esta ecuación institucional respeta y preserva la legalidad, la racionalidad y también la disponibilidad de recursos. Es decir, se actúa con responsabilidad, profesionalismo y sentido de país.

El anuncio realizado ayer, en el sentido de que el Estado y los GAD firmaron convenios de pago para saldar una deuda cercana a los $ 786 millones -que se pagarán según un programa acordado entre las partes-, es una noticia positiva. Y lo es porque así los poderes central y seccionales mejoran el tejido institucional del país en un entorno duro y difícil. (O)