No sorprende tanto que se haya votado en contra de la moción de César Montúfar y de la derecha que lo acompaña. Lo que sorprende sobremanera es que se haya propuesto esa moción, por encima de la decisión del pueblo ecuatoriano y que se la haya llevado al pleno de la Asamblea, bajo el manto de una atribución democrática de un sector político del Ecuador.

Los 63 votos en contra de esa moción revelan dos situaciones concretas: hubo la determinación democrática de ese número de asambleístas de acoger el mandato ciudadano y también la suma de voluntades por encima de los intereses electorales. Que Vladimir Vargas haya tenido hasta que soportar la presión verbal de Jorge Escala o que Sociedad Patriótica haya amenazado casi “de muerte” a sus legisladores para que se disciplinen muestra hasta dónde están dispuestos esos actores políticos a jugarse por sus intereses y no por los del pueblo ecuatoriano.

Lastimosamente ayer no se votó definitivamente esa ley que lleva esperando dos años. Sin embargo, también es bueno que ahora sepamos cómo va a votar cada asambleísta por cada uno de los artículos donde se confieren derechos a los ciudadanos para el pleno y libre acceso a la información, sobre la reversión de frecuencias, para la creación ya fundamentada jurídicamente de los medios públicos y comunitarios, además de la exigencia de la profesionalización y la definición de la figura de la objeción de conciencia.

Con todo, es muy significativo y constituye una derrota política frontal para la derecha y sus coaligados el haber desechado la opción del archivo, que en realidad es la tesis de las grandes asociaciones de medios, que han propagandizado más de dos años que “la mejor ley es la que no existe”. Y, en consecuencia, también esos medios y esas corporaciones mediáticas son las grandes derrotadas en el marco más democrático.