La marcha de los desalojados de Monte Sinaí se dirigió a la Alcaldía de Guayaquil. Y sus integrantes fueron recibidos por el personero principal de la entidad. ¿Por qué? ¿Por los carteles donde se respaldaba al Alcalde como el defensor de los desalojados? ¿Porque si el Municipio accede a la administración y regulación de los terrenos va a garantizar las invasiones? ¿Con ello se reedita la larga y costosa tradición de que los invasores reciben el apoyo “político” de determinadas autoridades y luego se convierten en los comités de apoyo a las candidaturas de los que buscan la reelección?

El costo político de hacer respetar la ley es elevado cuando los grupos informales e invasores de terrenos se convierten en las puntas de lanza de la confrontación política. Pero sobre todo está el interés público y el apego a las normas legales, sin ninguna distinción. Sin embargo, las administraciones municipales del cantón Guayaquil no han tenido ese principio para abordar este tema y ahí están los resultados: miles de familias engañadas por los traficantes de tierras, precarización de los servicios públicos y enriquecimiento de unos pocos a costa de la explotación de los anhelos y necesidades de los más pobres del Ecuador.

Jaime Nebot debe definir -por encima de cualquier consideración política- cuál será su postura respecto a las invasiones en los alrededores de su ciudad. Si las va a apoyar, tiene la obligación de rendirle cuentas a los guayaquileños para explicar cómo asumirá las consecuencias. Si las frena y considera que hay violaciones a la ley y un tráfico a favor de unos pocos, no debe tener ningún problema en salir a la prensa y apoyar las medidas tomadas por el Gobierno central.

Lo de fondo es que Guayaquil no puede reeditar lo que ha sido un problema grave durante décadas.