El abogado del exasambleísta Cléver Jiménez dijo en una radio capitalina que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) era fascista. Así, sin ambages, como si nada. Para ese abogado, el cuerpo normativo que entró en vigencia solo busca perseguir a los ‘luchadores populares’ y acallar la voz de los opositores.

Y lo dijo un abogado de la República. Es el mismo que ahora se beneficia de la reducción de la pena de sus defendidos y acoge la medida como si fuese producto de otro código u otra ley. ¿Hasta dónde la política invade y corroe el derecho y el ejercicio profesional de un abogado?

¿Es dable y coherente que un jurisconsulto use esos adjetivos para un caso y cuando lo beneficia diga otra cosa? Lo mismo cabe para el conjunto de analistas del aparato político mediático de la derecha ecuatoriana que sobre el Código Penal han dicho de todo, pero muy poco de los beneficios a favor de los reos, en función de los derechos humanos y de una administración de justicia moderna, eficiente y equitativa.