Con el mismo argumento de otros actores políticos (ya parece un síntoma), la transnacional señaló, con base en el testimonio de un personaje muy interesado, que el proceso y la sentencia contra  Chevron no se hizo en la Corte de Sucumbíos.

Ahora un equipo de peritos ha demostrado lo contrario y, con ello, buena parte de la argumentación para no pagar la condena y la indemnización queda desvanecida.

Y en esa línea volvemos al principio del tema neurálgico de la situación de la petrolera con respecto a Ecuador: la contaminación ambiental producida con su carga de secuelas mortales para la naturaleza y las comunidades indígenas debe tener una reparación.

De eso no cabe duda. No hay argumento que valga para evitar reparar y pagar, como lo dispone la sentencia de un juez ecuatoriano.