Si hay un cambio trascendental en Ecuador, tiene que ver con la recuperación de lo público. Y ello en el marco de un Estado laico y con la determinación clara de sus alcances, potestades y responsabilidades. Tras eso hay algunos temas que todavía no son suficientemente asumidos por diversos actores sociales, económicos, políticos, deportivos y culturales. Para ellos todavía su “metro cuadrado” es intocado por más que roce o agreda con él al resto de la sociedad o al bienestar común, incluso de sus parientes más cercanos.

Cierto que algunos temas de la sexualidad son de carácter privado, íntimo; pero también es verdad que mientras las personas no asuman como parte de sus responsabilidades los errores y hasta delitos que se cometen en este campo, el Estado (gobiernos nacional y autónomos descentralizados) debe comprometerse y aplicar políticas públicas. Para ello hay una agenda nacional de salud sexual, un proceso político en marcha, sujeto a las determinaciones y límites constitucionales.

De esa base se puede actuar con responsabilidad pública. Y no es menos cierto que con ello se pueden sentir “agredidos” grupos con posiciones, visiones, religiones y hasta ideologías que no comparten paradigmas y respuestas concretas a problemas sociales. Por ejemplo, hay religiones que no aceptan la transfusión de sangre, lo que en caso de emergencia puede ocasionar la muerte de una persona.

Lo mismo ocurre con la decisión de entregar gratuitamente la denominada “pastilla del día después”, con unas condiciones básicas y en función de situaciones concretas. Sin embargo, ya han empezado a proliferar la voces, sobre todo de grupos fundamentalistas, que dicen que se está ofendiendo a la familia, estimulando el aborto y generando otro tipo de vida. Lo único que se solicita es que se informe bien, se entienda el sentido de la política pública y que esto lo que trata es de resolver problemas de carácter social.