El principal bloque de derecha en la Asamblea se ha dividido. El motivo: la ley que reglamenta la prohibición de que funcionarios públicos y autoridades de designación popular tengan cuentas en paraísos fiscales.

El movimiento SUMA, del alcalde Mauricio Rodas, dijo sí, pero sus otrora aliados de CREO la rechazaron. Los primeros justificaron su decisión en el respeto al resultado de la consulta popular, pero los segundos sostienen que es una limitación “inconstitucional” a los derechos electorales. Pareciera una defensa del patrimonio de su líder, Guillermo Lasso.

Y resulta paradójico que CREO lidere un pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas, pero cuando hay que votar sobre una ley que combate la corrupción digan no.

En la función pública nadie debería enriquecerse, esa no es la naturaleza de ese trabajo. Y los paraísos fiscales, debido a su opacidad, justamente sirven para ocultar riquezas y evitar el pago de tributos. (O)