Las entidades estatales (de Gobierno y de municipios) están obligadas a revisar qué pasa en las canteras de todo el país. Lo ocurrido en Quito, más exactamente en la parroquia Pomasqui, es un indicador de que ahí hay problemas no resueltos, necesidades económicas y oportunidades para mucha gente, pero que requieren un estricto control.

Además, los pobladores de esas zonas permanentemente demandan respeto para su trabajo porque de eso han vivido toda la vida y, por lo tanto, se resisten a salir o a cambiar de actividad. Es cierto que hay formas de ganarse el sustento, pero no todas garantizan una buena calidad de vida y las condiciones para el resto de la comunidad.

Por lo mismo, ahora vale la ocasión para dialogar, reflexionar y tomar decisiones que eviten desgracias y, por supuesto, garantizar el trabajo de los mineros y el respeto a las comunidades circundantes.

Hay necesidades urgentes y la planificación requiere la colaboración interestatal inmediata.