Hace varias semanas se designó rector a un catedrático que obtuvo el doctorado en la misma universidad que aspiraba a dirigir. Según nuestra Ley de Educación Superior, eso no es legal. En respuesta, el exrrector de esa universidad ha dicho que se trata de una institución de carácter internacional. Y por lo mismo apela a la autonomía y a no considerar la legislación ecuatoriana.

Como de por medio hay una puja política, el asunto adquiere otras connotaciones. No se elige al rector de la Universidad Andina, lo designa su Consejo Superior, y si este viola la ley ecuatoriana debe revisar esa designación. No hay otra salida. El problema grave de quien ahora se asume como rector de facto es que todo trámite, documento o pago que realice con su firma no tendría ninguna legitimidad y las consecuencias las pagarán estudiantes, profesores y trabajadores de la institución.

Por lo mismo, solo cabe invocar a la sensatez para resolver este problema surgido por violar la ley ecuatoriana. Si no, ¿cómo actúan los demás entes internacionales en nuestro territorio? ¿Hay una supralegislación que legitime una violación de la nuestra? (O)