El informe de este diario sobre la situación de los catastros prueba, una vez más, que ciertos municipios no son responsables con sus ciudadanos y menos con el país. Al no hacer el catastro no tienen las cifras de su realidad y, por tanto, como si fuese poco, tampoco pueden cobrar los impuestos.

Si esos 122 municipios que no cumplen con esa obligación pública desean desarrollar sus poblaciones deben asumir tareas muy bien definidas en la Constitución y en las leyes, a las que se deben. De hecho, asumir ciertas competencias (una demanda histórica del municipalismo) conlleva algunas tareas y recursos que no pueden dejar de lado las autoridades.

Y por lo mismo, ¿cómo se entienden aquellas quejas de que una superintendencia para el uso del suelo solo sea una herramienta de persecución? ¿Hay motivos para sostener una ausencia de control y regulación cuando los principales perjudicados son los habitantes de las urbes? Por lo pronto, ahí están las cifras que revelan una cruel realidad.