La precariedad del argumento jurídico y las tesis políticas acomodadas a las circunstancias parecen ser la norma del momento de ciertos actores políticos y mediáticos. Ninguna de esas personas y organizaciones (sobre todo del ala derecha de la oposición y de un sector de la izquierda) que ahora reivindican el derecho a la resistencia -fijado por la Asamblea Constituyente de Montecristi y plasmado en el artículo 98 de la Constitución- lo defendieron en 2008. Al contrario: lo denigraron y hasta vilipendiaron en su momento. Y a quienes lo pensaron, propusieron y plasmaron como una reivindicación histórica tampoco se les pasó por la cabeza tenerlo como un arma de caos, escándalo público o algo por el estilo. ¿Es lógico apelar al derecho a la resistencia para impedir el mejoramiento de la calidad de vida, de la educación, la salud o el respeto a las nacionalidades indígenas y pueblos montubios? Quienes se asumen como representantes de la sociedad civil saben bien que lo hacen desde el puro interés político partidista y electoral con miras a 2017. (O)