Un grupo de periodistas, políticos, abogados y activistas ha presentado una demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación. Lo hacen acogiéndose al estricto derecho garantizado en la Constitución para impugnar lo que consideren no es jurídicamente válido.

Y entre los argumentos señalados y defendidos por -principalmente- los políticos está que se genera autocensura en la prensa. Si eso fuese cierto, habría que exigir a los denunciantes las pruebas de cuántos casos de autocensura se han producido en los últimos dos meses.

¿Cuánto han dejado de publicar a costa de la flamante ley? ¿Cuáles son los temas vetados y prohibidos por las autoridades gubernamentales que no se han difundido? Por lo pronto no hay evidencias, solo prejuicios.