Para el gobierno mexicano, la masacre de 43 normalistas en el Estado de Guerrero se convierte cada día en un problema político de gran envergadura y para darle una salida inmediata y cívica a todo el sistema de violencia, corrupción y de mafias que se ha instaurado desde hace unas 3 décadas.

El viernes pasado la Procuraduría de ese país hizo pública la versión de 3 de los detenidos sobre cómo ocurrió la masacre de los estudiantes en Iguala. Y para sorpresa e irritación de los mexicanos parecería que todo se redujo a la acción delincuencial de unos pocos ‘desadaptados’ cuando todo lo que encubre ese crimen es algo que el resto del mundo debe declarar como de lesa humanidad, objeto de una acción estatal para desterrarlo y para garantizar la vida de miles de ciudadanos expuestos a la ambición de unos desquiciados por el dinero. Nadie puede estar satisfecho con una explicación de esa naturaleza mientras decenas de familias quieren justicia y una nación entera, un sistema de paz.