Ante todo: los jueces son los únicos y mayores responsables de impartir justicia. Si ellos no lo hacen, la sociedad los juzga, pero si reiteran en su falla y la sociedad no actúa, hay un organismo legal y legítimo para ello: el Consejo de la Judicatura. No son los políticos los encargados de resolver el problema de la injusticia en el Ecuador, y menos de la administración de justicia para garantizar los derechos de los ciudadanos y el castigo para los delincuentes.

Sin embargo, algunos políticos (asambleístas y entrevistadores de la oposición) insisten en un lugar común que por reiterativo ha perdido fuerza y hasta sentido: el Gobierno “metió” la mano en la justicia y los problemas no se han resuelto.

Paradójicamente, esos mismos actores políticos, que rechazan la consulta popular que determinó la llamada “metida de mano”, no cuentan en su presupuesto opositor los datos de la realidad, y menos aún las encuestas que revelan otro escenario en el campo de la justicia.

Hay mucha más agilidad, procedimientos más expeditos, pero de todos modos la corrupción y la ineficacia de los jueces y juzgados no se acaba completamente. Por lo mismo, los jueces son los primeros y más directos obligados para demostrarle al país que quieren cambiar su imagen, servir a la ciudadanía y garantizar justicia para todos.

Si ellos no lo hacen, si persisten en leguleyadas y hasta en actos de corrupción, las medidas deben ser radicales. La justicia que tarda no es justicia, y la que está corrompida genera la peor de las inseguridades. De ahí que no hay que contar con presupuestos políticos para oponerse a un cambio radical, mucho menos atender a los “sabelotodo” que cuando fueron Gobierno no hicieron nada.

Al contrario, los que más critican en su momento, parecería, se beneficiaron de un sistema que ahora les permite revelarse como los mejores exponentes de la corrupción y la ineficacia.