La crisis institucional que vive la Policía Nacional,  desde hace varios lustros,  reconocida por sus mandos actuales y ex jefes, ha motivado al actual régimen la elaboración del nuevo Código Orgánico del organismo, en cuyo texto queda establecida una doctrina distinta a la que prevaleció por más de cinco décadas en el país, fundamentada en
la Doctrina de la Seguridad Nacional, creada e ideada por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría.

De hecho, esa dogma explica lo que hasta ahora no cuadra con la realidad ecuatoriana y coloca a los policías como los perseguidores de supuestos enemigos internos, además de generar políticas contra la inseguridad bajo un esquema militar.

La estructura actual, incluso, obedece a esa doctrina y por ello hay regimientos y cuarteles cuando en la práctica la Policía Nacional tiene otras misiones y debe tener otras visiones.

Y si como antecedente de una crisis tenemos la Ley de Servicio Público que originó la sublevación del 30 de septiembre de 2010, es de vital importancia que el debate del proyecto de Código Orgánico de esta institución se lo haga primero entre sus miembros, luego con los sectores sociales y académicos, posteriormente con los asambleístas para que  finalmente se plasme en una aprobación que pase por  consenso.

Esto no implica concesiones por fuera de la necesidad de fortalecer institucionalmente a la Policía, así como dotarle de todas las herramientas jurídicas y doctrinarias para afrontar la inseguridad y los retos de la democracia en el Ecuador de este siglo.

Ojalá  este marco legal no sirva ni constituya el pretexto  para provocar confusiones, rumores y desinformaciones malintencionadas.

Que el debate contribuya a fortalecer a la sociedad con un organismo  más ciudadano y mucho más comunitario.

Que se haga realidad la aspiración a  una Policía del Buen Vivir, para una nación con problemas propios y retos enormes.