En los resúmenes mediáticos sobre los principales episodios ocurridos en 2017 y en los análisis sobre los personajes más sobresalientes, apareció el nombre de la fiscal Diana Salazar por sus investigaciones concluyentes, que derivaron en que importantes personajes de los deportes y de la política sean procesados y enjuiciados. La acción de esta abogada en el escándalo conocido como FIFAGate terminó por derribar la jerarquía alcanzada por el máximo dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El año pasado, Ecuador se conmocionó por un fraude que comenzó en Brasil y tuvo ramificaciones políticas en varias naciones del mundo. Una empresa constructora de ese país admitió haber sobornado a dirigentes políticos para favorecerse con contratos de obras públicas. La fiscal Salazar llevó a cabo las indagaciones que posteriormente sirvieron a los jueces para que resuelvan los procesos penales. Pese a la condena de importantes personajes de la política, el caso no se ha cerrado y la fiscal ha sido implacable en sus investigaciones, incluso a pesar de las amenazas que ha recibido.

Por decisión del Presidente de la República, Diana Salazar se convirtió esta semana en la directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que analiza minuciosamente los movimientos sospechosos de personas que ejercieron cargos públicos.

Según la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos, la UAFE es la máxima autoridad en esa materia, de allí la importancia que da el Gobierno a esa entidad que debe trabajar profesional y técnicamente para resolver posibles casos de corrupción. Después del FIFAGate, la carrera profesional de Diana Salazar se vio coronada en junio del año pasado cuando fue designada por el fiscal Carlos Baca como directora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

La Fiscalía General del Estado manifestó en un comunicado que esta designación “es un digno reconocimiento a la capacidad, experiencia y entereza de una mujer como Diana Salazar”. (O)