El servicio público (en realidad privado) de transporte no es de lo mejor. Todavía presenta falencias. Incluso, para los gremios de los transportistas la prioridad no es mejorar la atención sino aumentar las tarifas. Es decir, volvemos a lo de siempre: primero piden aumento y luego hablan de la calidad del servicio.

Sin embargo, los municipios tienen esa enorme y delicada responsabilidad y competencia legal. Son ellos la autoridad en este terreno. No pueden desvincularse ni mucho menos apelar al Gobierno central para ello. Por varias razones y por mucho tiempo fue una discusión intensa para trasladar la competencia al gobierno local.

Y ahora que la tienen parecería que no asumen del todo lo que pregonan para otras cosas: autonomía administrativa y política. Por lo mismo, choferes y autoridades municipales están obligados a dialogar pensando -fundamentalmente- en los usuarios y en la calidad del servicio. Si no, volveremos a lo de siempre y la presión será la única ‘salida’.