Textual: “En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a septiembre de 1997, por 25 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

La Convención define los derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Además, crea  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define atribuciones y procedimientos, tanto de la Corte como de la CIDH. La CIDH mantiene también facultades adicionales que antedatan a la Convención y no derivan directamente de ella, entre ellos, el de procesar peticiones individuales relativas a Estados que aún no son parte de la Convención”.

Como se puede apreciar, Estados Unidos no cuenta en este organismo, porque no ha ratificado dicha convención. Y sin embargo, la sede queda en Washington. ¿Cómo se entiende esto? ¿Tiene alguna lógica? ¿O es producto de cierta colonialidad que todavía los países del continente no han podido desterrar?

Y de plano habría que preguntar por qué la nación más poderosa, que tiene a su presidente actual con el galardón del Premio Nobel de la Paz, no se adhiere a esa convención.

Por eso dan ganas de reír con amargura que sea en Washington donde se tenga que ir a explicar, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de expresión. Y hay que hacerlo para no pecar de arrogancia, aunque sí fastidia que algunos políticos y medios de acá no cuenten con este dato y asuman a ese país como el escenario ideal para defender sus supuestos derechos afectados.