El Gobierno ecuatoriano denunció a dos exaltos funcionarios de Petroecuador, la más grande empresa pública del país. Y hace bien porque con todas las pruebas y evidencias hay que hacer justicia. Es inadmisible dejar pasar actos de esa naturaleza. No se trata de hacer ruido o un escándalo mediático con ciertos fines absolutamente proselitistas.

Los fondos públicos y los bienes del Estado son sagrados. Por tanto, lo denunciado debe llegar hasta las últimas instancias y consecuencias. No solo es crear un precedente sino salvar los bienes y recuperar el dinero usurpado. Quienes aparecen como responsables además le deben explicar al país hasta dónde llegó su delito y en justicia ser juzgados con todas las garantías. Que nada quede en entredicho o duda.

Y para que ello ocurra la ‘cero tolerancia’ debe ser una política plena, permanente y pública para generar una pedagogía ciudadana. Todo lo que aporte para ese objetivo debe dejar de lado la politiquería de la cual quieren sacar provecho algunos oportunistas. Hay que generar más y mejores controles y una educación general desde el hogar. (O)