El voto ecuatoriano en la OEA en contra de la reinserción de Honduras facilita varias lecturas, pero la principal no está en debate: la soberanía no es solo un asunto territorial ni de geografías, también tiene que ver con principios universales.

Si en el Ecuador se hubiese consumado el golpe de Estado, el pasado 30 de septiembre, ¿la OEA habría expulsado a nuestro país por haberse violentado el sistema democrático? Seguramente que sí, no nos cabe duda. Y si luego de aquello se hacen elecciones y gana un candidato cualquiera, ¿ese solo hecho basta para liberar de toda responsabilidad a quienes legitiman el quebrantamiento de la democracia? No, así no se sientan precedentes de dignidad y responsabilidad públicas.

El principio fundamental en discusión, tras la reincorporación de Honduras a la OEA, es que la causa de su salida no ha sido reparada, ni siquiera con el retorno del ex presidente Zelaya. Es decir: ninguna democracia se construye si quienes la violentan, de manera infame y hasta descarada, no son sancionados. En el orden político, Zelaya tiene todo el derecho de regresar para recuperar su espacio en la disputa política. La pregunta es si su presencia va a devolver a su país la confianza en el sistema, en sus Fuerzas Armadas y en el rol de los Estados Unidos en la región.
¿De hoy en adelante será más fácil una nueva intromisión de los militares en el ejercicio del poder civil en cualquier parte del continente? ¿Ese antecedente nefasto no constituye un mensaje estimulante para los golpistas y desestabilizadores de los demás países? A la resolución de la OEA debieron acompañar “candados” que impidan una nueva agresión a la democracia y dejen sentado un frontal precedente.

Con Honduras hay que tener especial atención, sin por ello perder de vista la grave herida que no se cerrará hasta que las responsabilidades sean asumidas con los costos y sanciones correspondientes.