Es un tema complejo. No hay duda de que tiene unas aristas complicadas y unos elementos problemáticos. Las llamadas entidades autónomas (donde caben desde las universidades, los gobiernos locales descentralizados, la Casa de la Cultura, entre otros) se organizan y funcionan con los recursos que destina el Estado central.

Sí, eso corresponde por ley y por mandato constitucional. Pero también es cierto que por esa condición algunas de esas entidades se acostumbraron a depender casi exclusivamente de esos recursos sin generar propios ni tampoco diseñar políticas que permitan un nivel de autogestión y autosustentación. Ya se corrigió aquello de que ciertas instituciones públicas, por contar con recursos propios (en realidad de todos), como Petroecuador, tenían privilegios y hasta prebendas con una alta dosis de inequidad frente al resto.

Ahora bien vale la pena discutir hasta dónde los recursos extra que llegan desde el Estado deben manejarse directamente por las entidades autónomas sin mayor control ni planificación, ya que a veces caen en usos clientelares y hasta onerosos. (O)