El Congreso presidido por Averroes Bucaram, de Concentración de Fuerzas Populares (CFP), protagonizó un incidente bochornoso en octubre de 1990. En el plenario se discutía la amnistía a Abdalá Bucaram para que regresara a Ecuador de su exilio obligado, pero Jamil Mahuad y Vladimiro Álvarez, de la Democracia Popular (DP), denunciaron irregularidades en ese tema.

En medio de la discusión, el diputado del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Édison Villamaguano, lanzó un cenicero al rostro de Alberto Dahik, del Partido Conservador. También golpearon a Mahuad y Álvarez. Los tres políticos acusaron a Jacobo Bucaram, hermano de Abdalá, de desatar el caos, la violencia y los ataques que sufrieron.

La escena quedó grabada en la memoria de los ecuatorianos y en los canales de televisión. Ese vergonzoso episodio y otros que protagonizaron diputados fueron utilizados por el expresidente Rafael Correa para hablar contra la “partidocracia”.

Para acabar con esos espectáculos, el Gobierno correísta hizo una nueva Constitución, controló a todos los poderes del Estado, entre ellos el Legislativo, que pasó de Congreso a Asamblea.

Los exaliancistas, hoy Revolución Ciudadana, en ese entonces cumplieron todos los deseos de su jefe y aprobaron alrededor de 250 leyes que sirvieron para cambiar algunos aspectos en el país, pero más que nada para esconder la corrupción.

En la Asamblea Nacional actual ya no hay ceniceros ni golpes, pero sí existen los “diezmos”, es decir, el cobro de “peaje” para trabajar allí. Esa es una práctica corrupta inadmisible en cualquier institución pública y privada.

Fabricio Villamar, de CREO, destapó esos casos y logró la destitución de Norma Vallejo, de Alianza PAIS. Su excompañero de bancada y actual candidato a la Prefectura del Azuay, Esteban Bernal, consiguió la destitución de Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana, por ejercer prácticas incompatibles con su curul.

La última parlamentaria destituida fue Ana Galarza, también de CREO. Ella denunció casos de corrupción y terminó su carrera, de casi dos años, como denunciada por “diezmos”. A estos casos les seguirán otros, pero lo mejor sería una autodepuración del Legislativo para impedir los diezmos y la contratación de familiares de cualquier parlamentario. (O)