Hemos pasado de ocuparnos exclusivamente de la economía para entrar en un terreno más amplio, gracias a una agenda pública que obliga al debate de aquellos asuntos que se postergaron en anteriores gobiernos, por múltiples intereses, pero fundamentalmente para “no hacerse lío” con la sociedad.

Una actitud clásica y bien “ponderada con la que dejaban todo para las calendas griegas.

Ahora, tras el proceso constituyente y para afrontar problemas de fondo, en la agenda pública hay temas de debate que van desde el aborto, narcotráfico, vías para los ciclistas, ecología y llegando incluso a los asuntos soberanos en el plano internacional. Sobre todos ellos, obvio, no hay una sola postura y para variar han sido el motivo más excelso para la prensa comercial en su afán de estigmatizarlo todo y crear zozobra antes que argumentos para el debate.

Las políticas públicas sirven para eso: para establecer los marcos y los límites, además de las garantías y protección, para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y obligaciones.

Sin embargo, hasta ahora han sido mucho más fuertes los pre juicios y hasta los moralismos para abordar cada tema. Por eso, incluso, se cierran los debates en límites que no obedecen ya a realidades jurídicas y hasta sociales sino que chocan con la fe y hasta con la religión, sin descartar los fundamentalismos.

Esa agenda pública debería garantizar una discusión política para dar salidas políticas a esos problemas de fondo, en la perspectiva de profundizar la democracia. No es cierto que no se dialogue sobre estos asuntos.

Al contrario, hay una dinámica social y oficial intensa, que lastimosamente no es registrada por los medios, en general. Porque parecería que es mucho más importante lo que hace la oposición que lo que la sociedad desarrolla todos los días.  Y es la prueba además de que el Ecuador va cambiando y está en un verdadero proceso de transformación que algunos resisten con virulencia.