Hay “revuelo” por el informe sobre derechos humanos en el Ecuador, elaborado por la Universidad Andina Simón Bolívar. El Gobierno lo cuestiona. Una cadena de televisión puso sus objeciones. Los autores del informe y el rector de esa universidad dieron una rueda de prensa y se ratificaron en algunos conceptos, también precisaron algunos datos y, sobre todo, explicaron las fuentes de las que se informaron.

Nadie duda del legítimo derecho de un centro de estudios para hacer investigaciones sobre la realidad. Incluso, es su obligación. Lástima que en los últimos años las universidades han perdido esa condición. Muchos años atrás eran un referente para entender lo que pasaba en cada país. Y en el nuestro fueron el eje de muchos debates, a partir de sus investigaciones científicas.

Lo que no cabe es que un centro de estudios superiores o de cuarto nivel elabore un informe sobre la base de notas de prensa, cuando sabemos que un tema de esa naturaleza exige un rigor mucho más científico para garantizar un resultado que aporte al debate nacional y a la solución de los problemas más delicados de cualquier sociedad.

Sobre todo, en el tema de la supuesta criminalización de la protesta (bandera levantada por varias organizaciones sociales y partidos de oposición) había que ser mucho más estrictos y precisos: ¿cuántos juicios están en marcha y cuántas personas están realmente procesadas? ¿Por qué el informe de la Andina no distingue entre la denuncia, indagación y el enjuiciamiento? ¿Era suficiente con ver la prensa o era obligación ir a los juzgados y verificar lo que dice la prensa? ¿Un centro académico (que por lo general se queja de la ligereza y hasta mediocridad de ciertos medios) puede tener como sustento solo las publicaciones de diarios que se han declarado actores políticos de oposición? Ojalá se haga una revisión y tengamos datos reales.