Singue es conocido como uno de los campos menores cuya producción de crudo no sobrepasa los 5.000 barriles diarios, lo que representa el 1 % del rendimiento nacional.

El 30 abril de 2012 se suscribió un contrato a 20 años entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC (conformado por las firmas DYGOIL y Gente Oil Ecuador) y por Wilson Pastor, ministro de Energía en el régimen de Rafael Correa.

Lo que se vendió como una oferta que garantizaba grandes ganancias para Ecuador, se convirtió en un millonario perjuicio.

La Fiscalía General del Estado señaló a Jorge Glas como uno de los principales responsables por el delito de peculado que derivó en un perjuicio de $ 28,5 millones, tras la suscripción de dicho acuerdo. También lo señaló por la misma causa al ministro Wilson Pastor, al exministro Carlos Pareja Yannuzzelli y a otras 12 personas. 

La Contraloría General del Estado, a través de un informe, concluyó que no debió fijarse la tarifa de $33,50 por barril.

En la adjudicación del yacimiento participó el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), que estuvo integrado, entre otros funcionarios, por el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos y exvicepresidente, Jorge Glas; el viceministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y la coordinadora del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, María Lorena Espinoza.

Esta semana, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se reinstaló la audiencia de juicio por el denominado caso "Singue".

La expectativa de que se aplique la justicia en los responsables por el perjuicio económico no se ha hecho esperar. Yannuzzelli, por ejemplo, cumple prisión por un delito de tráfico de influencias en el caso Petroecuador y tiene otras causas pendientes.

Sino que además, la ciudadanía demanda sanciones a los responsables de los actos de corrupción durante el régimen correísta, los cuales se están destapando a través de la Fiscalía.

Glas, quien se encuentra en la cárcel de Latacunga; condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht en 2017 y a ocho años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, tiene que dar respuestas, no solo porque se trata de un tercer juicio en su contra, sino por el daño económico que originó con la suscripción de un contrato que no respetó normas legales.

Una sanción a los responsables es el clamor de todos los ecuatorianos. Bueno, no de todos porque aún hay algunos defensores del régimen correísta que aseguran que el juicio contra Glas es "persecución política". (O)