El secretario Anticorrupción, Iván Granda, efectuó ayer dos gestiones relacionadas a sus funciones, que tienen que ver con asuntos muy sensibles sobre los recursos del Estado. Primero es necesario recordar que casi toda América Latina fue sacudida, entre 2017 y 2018, por escándalos de corrupción protagonizados por empresas constructoras brasileñas que pagaban millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas.

Por esa razón, varios expresidentes y exfuncionarios están en la cárcel, aquí y en el extranjero. Granda acudió primero a la Fiscalía y luego al Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar documentación que tiene que ver con una ONG creada en 2017, el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro.

Los institutos y las organizaciones no gubernamentales tienen funciones y actividades específicas que cumplir, de acuerdo con las leyes vigentes y bajo la regulación del Decreto 193 y el Acuerdo Ministerial 075. Por eso no pueden desempeñar trabajos diferentes a los que motivaron su creación. Iván Granda pidió que se investigue a ese instituto con personería para el pensamiento político y no para el pago de honorarios a un abogado que defendió al expresidente Correa en el denominado caso Balda.

Todos conocen la situación que vive Venezuela, con 3,5 millones de inmigrantes, una inflación gigante, escasez de alimentos y medicinas. El gobierno de ese país puede hacer lo que crea con el dinero, pero no es ético que precisamente Maduro haya sido el principal financista del Instituto Eloy Alfaro: $ 281.000. Con ese dinero, de acuerdo con la versión de Granda, se podía alimentar a 1.170 familias en un año.

Después el funcionario se reunió con el canciller José Valencia para explicar en qué se ha gastado el dinero de la fundación. El ministro se comprometió, apegado a las leyes vigentes, a investigar si hubo desvío de dineros. En su cuenta de Twitter desde Bélgica, Correa comunicó a la Fiscal que estaba dispuesto a abrir sus cuentas, su patrimonio y su declaración de pago de impuestos. (O)