Tras una investigación, las autoridades de los ministerios de Justicia e Interior han determinado que 13 personas privadas de la libertad fueron objeto de abusos por parte de algunos miembros de la Policía en el centro de rehabilitación social Turi, en la provincia de Azuay. Ahora es una responsabilidad de los jueces respectivos procesar a los gendarmes y sancionar de acuerdo a las leyes correspondientes. Y más allá de eso, hay que sentar un claro precedente para que esto no vuelva a ocurrir nunca más.

Las personas privadas de la libertad cumplen una sentencia, ya han sido sancionadas y no hay motivo alguno para que se vulneren sus derechos ni su dignidad. Esos métodos nos recuerdan un triste y lamentable pasado vivido en los años ochenta. Si eso sucede es porque también en determinadas áreas de la Policía no se ha evolucionado.

Ya no podemos aceptar como ‘normal’ el uso de la tortura y la vejación como herramienta de represión. Habrá que revisar los procesos pedagógicos en las instancias que correspondan para corregir de raíz esas formas de actuar. Ojalá no se exprese un supuesto ‘espíritu de cuerpo’. (O)