Podrán argumentar cualquier pretexto, pero es inconcebible aceptar la existencia de grupos armados en territorio ecuatoriano, por fuera de la ley, para defender a ciudadanos sentenciados.

¿Esos mismos grupos impedirán la presencia de militares, policías y/o funcionarios públicos si mañana se cometiera un crimen al interior de las comunidades indígenas? ¿Harán lo mismo para impedir la explotación petrolera o minera? ¿Acaso las aludidas medidas cautelares propuestas por la CIDH venían acompañadas de una orden para armar a la población?

La verdad es que se sienta un pésimo precedente (bajo argumentos políticos muy pobres) de parte de la dirigencia indígena de Sarayaku con lo que pasó el lunes último y con lo que informa hoy este diario en la sección Política.