La denuncia de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, de que una llamada telefónica fue intervenida o pinchada (término cuya acepción cae preciso porque se practica a una comunicación telefónica) no es la primera ni será la última en materia política. La figura cae también en el campo del voyerismo, un vocablo francés mediante el cual se define a la persona que disfruta contemplando actitudes íntimas.

Y no es la primera porque, en septiembre de 2017, el presidente Lenín Moreno ya había denunciado la presencia de una cámara de video oculta en el despacho presidencial. De hecho, el gobierno anterior fundó la hoy desaparecida Senain, una oficina que funcionaba en una lujosa residencia en Lumbisí incautada a una familia de banqueros, para espiar a todo personaje de la política que era considerado enemigo de ese gobierno.

La Senain ya no existe, pero las prácticas de espionaje están intactas y, de acuerdo con lo que se ha visto, tienen la intención de generar caos y discordia. El exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, afirma que el espionaje político detectado en la Asamblea Nacional compromete la seguridad del Estado y del país. La asambleísta Mercedes Cuesta asegura que esas costumbres de grabar y filtrar audios se originaron en el gobierno de Rafael Correa. Los asambleístas, dijo Cuesta, aprendieron del máster (maestro) “que dejó micrófonos y cámaras en el despacho presidencial”.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la persona que sin orden judicial previa intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe con la finalidad de obtener información, será sancionada con una pena privativa de la libertad de tres a cinco años. Corresponde entonces a la Asamblea Nacional denunciar esa arbitrariedad y a la justicia actuar basada en los hechos. La persecución política cesó con el nuevo gobierno; tenemos libertad, pero detrás de la figura del espionaje aparecen personajes que buscan salir del anonimato y recuperar sus privilegios. (O)