El nuevo marco jurídico que rige para el sistema educativo del país cambia radicalmente la situación de los maestros en el año lectivo 2011-2012, iniciado en el régimen Costa.

Una de las reformas introducidas determina el cumplimiento de una jornada laboral de ocho horas diarias, y sus tareas no solo se limitarán a la cátedra, ahora incluyen   tutorías, asistencia pedagógica y atención para los padres.

Los maestros habían creado, por la fuerza de la costumbre y la necesidad,  un modelo en el que laborar solamente cuatro horas les daba tiempo   para una segunda actividad, puesto que con salarios de doscientos dólares  su situación económica  así lo exigía.

Sin embargo,  el panorama ha cambiado, pues con una jornada completa solo podrán desempeñar un trabajo. Para que esto ocurra  han sido beneficiados con un considerable aumento salarial, cuyo mínimo es de 700 dólares.

Pero  en las escuelas particulares esto no ha ocurrido. A  pesar de  que los docentes han incrementado su trabajo, los ingresos se mantienen, lo cual  es injusto.

La educación no es un negocio y los dueños de los establecimientos  privados están en la obligación de reconocer los derechos laborales, respetar horarios de trabajo y pagar las horas extras que les corresponden fuera de los horarios y fines de semana.   Bajo el cuento del apostolado han convertido el deber ético de educar en una industria que abarca la formación de niños, adolescentes y jóvenes, a través de  cobros excesivos que no guardan relación   con el pago por horas a sus servidores.

Los supervisores de educación, junto a los del Ministerio de Relaciones Laborales, deben verificar el fiel cumplimiento del nuevo marco jurídico. Los padres de familia  están obligados a  solidarizarse con  quienes   forman a  sus hijos y denunciar la situación de injusticia que   toleran por conservar su puesto de trabajo.