La aspiración general, de todo país, es que se juzguen las infracciones dentro de parámetros de justicia. Mucho más si los procesos son de carácter internacional y donde se juega la soberanía y hasta el principio de no intervención en los asuntos internos de cada nación. Este diario ha sido prolífico en explicar el denominado caso Oxy y ha expuesto hasta los cables de WikiLeaks donde se evidencia cómo un gobierno intenta imponer al nuestro la defensa de una transnacional por encima de nuestras propias leyes y, además, fuera de la lógica jurídica. Hoy se conocerá el fallo final sobre este caso y, de ser perjudicial para nosotros, sería la condena más grande pecuniaria para un país, en la historia de estos arbitrajes. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) lleva tres años analizando el pedido de nulidad. En caso de perder, Ecuador deberá cancelar más de $ 2.000 millones a Occidental ($ 1.769,6 millones más los intereses).

Si eso ocurriera, además, sentaría un precedente de carácter político para el planeta, como ya lo han dicho varios especialistas. (O)