Los policías Jaime Paucar, Luis Bahamonde y Luis Martínez fueron sentenciados y esa condena fue ratificada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. No fueron procesados por tribunales especiales ni mucho menos por jueces designados a dedo. Igual ocurrió con el coronel César Carrión.

Todo eso por lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, que a la distancia del tiempo tiene más elementos para ratificar la tesis de que la sublevación fue un acto político y devino en un intento de golpe de Estado y magnicidio. Y como si fuese poco partir de una tesis, los jueces que condenaron a los policías lo ratificaron judicialmente, sin duda alguna.

Dos de los sentenciados solicitaron el perdón del Presidente de la República y Rafael Correa ha aceptado esa posibilidad. Y con eso se abre una interrogante: ¿Si el perdón se otorgara para esos policías, los demás encausados tomarán el mismo camino y con ello no se sienta un mal precedente, o, por el contrario, se abre la oportunidad para que todos los inculpados y procesados asuman sus responsabilidades civiles, penales y administrativas?

Lo fundamental es que todo perdón no es necesariamente olvido: la memoria del Ecuador está grabada profundamente con hechos dolorosos como los ocurridos el 30-S. Y por lo mismo, ahora más que nunca hay que llegar hasta el fondo de las investigaciones y procesos judiciales, a diferencia de lo ocurrido con 38 golpes de Estado e intentos de derrocamiento, así como dos magnicidios, que no han tenido un solo juicio concluido y tampoco sentenciados.

De hecho, la memoria colectiva se afirma más cuando se conoce a plenitud la verdad de los hechos. Con todo lo doloroso que pueda parecer. Y con ello, además, podemos mirar hacia adelante. Sobre todo en la Policía, donde ahora hace falta una discusión a fondo de su rol y el nuevo esquema doctrinario y estructura operativa para afrontar los retos y demandas de la democracia.