Hay dos cuestiones que sobrepasan el análisis jurídico o estrictamente policial: la libertad al ex gobernador del régimen de Lucio Gutiérrez la otorgó un sistema judicial tras cumplir menos de la mitad de la condena y, a la vez, para recuperar sus bienes.

Ahora la Policía lo vuelve a capturar y los bienes han sido incautados, por lo que correspondería una acción mucho más efectiva y responsable de las autoridades judiciales para garantizar las penalidades que corresponden a personas que reiteran en el delito.

Entonces, el narcotráfico no es un fantasma ni tampoco un delito que ocurre, en las proporciones que se avizora, entre consumidores y adictos. Por lo visto, lo hacen personas con mucho poder económico, con relaciones políticas y comerciales muy fuertes, en espacios y territorios donde se los considera casi que personas “de respeto”, con las cuales hay que contar para muchas tareas.

El señor Fernández ha demostrado poseer muchos bienes que van desde casas, haciendas, avionetas y otras riquezas, no precisamente de un trabajo o un negocio que se puede verificar o constatar como legal o legítimo. Él, por ahora, según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, es uno de los altos contactos de carteles de la droga mexicanos y a la vez es una de las personas influyentes en la provincia de Manabí.

Es un gran golpe al narcotráfico que destaca la labor de la Policía y de las autoridades correspondientes en el Ecuador, sin necesidad de la existencia de una base militar estadounidense. Y a la vez constituye una seria preocupación de cómo ciertos sectores económicos están vinculados a este delito y corresponde una investigación más a fondo para sanear ese sector y que no se contamine más de este tipo de acciones. Ojalá la justicia actúe con el mismo rigor y eficiencia con que lo ha hecho el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Antinarcóticos.