Los resultados definitivos estarán en los próximos días, si el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus atribuciones, resuelve impugnaciones y apelaciones sobre el escrutinio de la consulta del 7 de mayo de este año.

Con ese dato de la realidad ya podremos tener la certeza de que el pueblo ecuatoriano optó por un derrotero colectivo: mejorar el sistema de justicia, desvincular los intereses empresariales de los de comunicación, garantizar los derechos de los trabajadores y luchar contra la corrupción y su correlato: el injustificado enriquecimiento.

Por tanto, corresponde ahora a la Asamblea Nacional llenarse de toda la responsabilidad política y democrática para, en el menor tiempo posible, cumplir con el mandato popular. Hay voces ya que están más preocupadas por la elección del próximo presidente de la Legislatura. Y hasta hay medios que levantan sus campañas mediáticas para construir la mejor imagen del posible sucesor de Fernando Cordero. No han aprendido de la sabiduría popular: lo importante es lo que el pueblo ordena, lo secundario es la disputa de espacios de poder por parte de partidos y políticos que siempre juegan a favor de sus intereses.

Que la diferencia sea corta, en una de las 10 preguntas, no puede ni debe estimular la interpretación alegre y aventurera de los resultados. El Sí ganó, de acuerdo al Código de la Democracia y la Constitución. No cabe duda. Por lo mismo, hay un mandato que cumplir. Y eso incluye la elaboración de leyes, integración del Consejo de la Judicatura transitorio y la inclusión del Consejo de Regulación en la Ley de Comunicación.

Si con esos presupuestos se arman mayorías para cambiar o ratificar al presidente de la Asamblea, bienvenidos sean todos los acuerdos responsables y democráticos. Lo contrario solo nos devolverá a las viejas prácticas de partidos y dirigentes que parecen no aprender de la lección histórica que les ha dado el pueblo en estos últimos cuatro años.