Un juez interceptó el teléfono de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Y parece normal. Ese mismo juez ‘filtró’ la grabación de una llamada telefónica a un canal de clara conducta opositora para dar la ‘primicia’ de un supuesto delito. Y parece normal. En la lógica del aparato mediático privado, esos hechos no solo que revelan esa actoría política con claros afanes desestabilizadores, sino que ponen por delante la violación de la ley. Y parece normal, legítimo y ético. Pero es todo lo contrario. En Brasil hay un plan muy claro para eliminar de la política a los líderes más populares que ha tenido ese país y la televisión es activa en esto. Si hay una investigación judicial hay que cumplir con el debido proceso. Pero no se trata de eso. Ese juez forma parte de una amplia alianza opositora y utiliza todos los recursos para cumplir con el propósito político. El objetivo real es impedir que Lula sea el próximo presidente de Brasil. Así de simple y complejo. La oligarquía brasileña no ha cesado un minuto todos estos años en torpedear el proceso de cambio. Y ahora tiene en sus manos a un juez que no tiene ética ni límites. (O)