¿Quiénes donaban plata y recursos para su funcionamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Con qué propósito lo hacían? ¿Por qué de pronto ya no lo hacen? ¿Por la crisis económica mundial? ¿Ya no interesa su funcionamiento o su existencia? ¿Y de ello qué dicen los gobiernos y líderes que dicen defender los derechos humanos de todo el continente? Pues ahora se revela más que nunca una verdad dicha en estos últimos años por algunos dirigentes y por el mismo gobierno ecuatoriano: financiar a esa entidad era y es una obligación de todos los gobiernos y no solo un acto de beneficencia o caridad. Para que funcione como una entidad regional, con todo el rigor y el peso institucional, todos los gobiernos debieron y deberían colocar una cuota anual o mensual. Si no ocurrirá lo que hasta ahora ha pasado: que la tarea y sus determinaciones dependerán de la buena voluntad, sentido y visión de los donantes. Ahora sería bueno escuchar a todos los activistas de derechos humanos y sus adláteres sobre quiénes deben financiar el trabajo de esa Comisión para bien de la democracia continental. (O)