Los dirigentes del gremio del transporte urbano se convirtieron, durante la segunda mitad del siglo XX, en un factor de desestabilización para los gobiernos nacionales que se negaban a ceder ante las demandas de ajuste tarifario que suelen impactar a los grupos más vulnerables.

Siempre se supo que mantener el parque automotor de servicio público era muy caro y su vida útil obligaba a un estricto mantenimiento cuyo costo era creciente, a medida que la inflación externa encarecía la importación de repuestos. 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, consciente de los problemas pasados y presentes, y con el propósito de impedir un alza de pasajes que se viene anunciando desde hace un año, planteó al gremio hace pocos días un acuerdo que permitirá elevar el techo del plan “Renova”, de $ 12.000 a $ 17.000; la devolución en efectivo de la parte subsidiada por el gremio -en el costo de $ 0,25- correspondiente a la tarifa de estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados, así como el retorno del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a quienes adquieran carrocerías y chasises para buses y colectivos, contemplado en la Reforma Tributaria. Pero hasta que haya un estudio técnico  habrá un promedio de  cuántas personas se benefician para que el Estado desembolse esa cantidad a cada propietario.

El objetivo es evitar el incremento de pasajes  y, al mismo tiempo, concederles liquidez, que esta vez no provendrá de los escuálidos bolsillos de los usuarios del transporte.

Así que paralización de actividades, como medida de intimidación, no habrá, porque el diálogo permanente entre las autoridades y los transportistas se mantiene y seguirá hasta que las expectativas de parte y parte sean cubiertas.

Mientras tanto, decenas de organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores y agrupaciones barriales, que forman parte del Comité de Usuarios de Servicios Públicos y Transporte están pendientes de los resultados y monitorean la continuidad del servicio y su eficiencia.