La denuncia de los realizadores del documental “La muerte de Jaime Roldós” es grave. Y, según han dicho entendidos en el tema, podría llevar a una demanda, pues se violaría el artículo 380 de la Constitución. Mucho más cuando la cadena de cines es monopolio en algunas ciudades.

Pero más allá de eso: ¿por qué la empresa privada asume como una potestad la censura política cuando tiene en sus manos las condiciones para la difusión de la cultura y garantizar el acceso a ella?

En este diario se ha denunciado que ya no solo es con una película, sino con libros y obras de autores que, a decir de esa empresa privada (incluida la prensa comercial), son parte del Gobierno o tienen cierta afinidad con él. No cabe censura política bajo presupuestos mercantiles y supuestas militancias “históricas”.