Independientemente del medio que sea (privado, público o comunitario), la réplica es un derecho constitucional y eso no excusa de responsabilidad y ejecución a ningún periódico, canal o radio. Ya son varios los casos en los que la prensa privada incurre de una manera muy frontal: le importa un pepino dar la réplica, mucho más si es un ciudadano común y corriente. En varias ocasiones se han recibido quejas y hasta protestas por ello.

Sin embargo, cuando el poder público, del segmento del Estado que sea, demanda el derecho a la réplica entonces se convierte en un atentado a la libertad de prensa y expresión. ¿Cuál es el privilegio o exclusividad que tienen los medios para no cumplir con esa obligación ciudadana? ¿Cuántas veces han desechado los derechos a la réplica? ¿Si mañana un ciudadano publica por otros medios una mentira sobre un diario privado y comercial no utilizarán todo su poder y todos los demás medios aliados para responder, como ya ha pasado con los comunicados de la Aedep? Claro que sí.

Además, la desproporción de la supuesta réplica o corrección no se compadece con el daño que se puede ocasionar a una persona o institución. Se dice que quien debe corregir es la fuente que menciona el dato, pero se olvida que, aunque fuese la fuente más “inocente” y “proba”, la responsabilidad de un diario es contrastar o, por lo menos, si se equivocó esa fuente, pedir las disculpas del caso y oportunamente. En todo medio pueden ocurrir esos errores. En este han pasado, pero no hemos dejado de pedir disculpas, aclarar o dar el derecho a réplica. Esa es nuestra responsabilidad pública y legal.

Pero ahora, a partir de una acción legal, han “saltado” todos los medios a decir que ya se quiere acallar la voz de la prensa, ya hay comunicado de la SIP y de otras entidades. Pero como ya sabemos que actúan colusoriamente, esa será su marca.