Lo dijo el presidente de la República, Rafael Correa: hay un costo político en la decisión. Y eso conlleva, por ejemplo, una activación de la corriente que se opone a la explotación del petróleo en el uno por mil del Parque Nacional Yasuní.

Esa activación debería, además, promover alternativas sustanciosas al cambio de modelo de consumo que implica el extractivismo. No solo se trata de hacer uso proselitista y político partidario de este tema con fines electorales.

Si hay responsabilidad, cívica y ecológica, en esa oposición mediática y partidista, ahora les corresponde afrontar las obligaciones políticas ante el nuevo escenario y no confundir con intereses ni planes electoralistas. Y el costo político para el Gobierno implica, además, sustentar con más rigor el desarrollo real y efectivo del Buen Vivir.