Para las nuevas generaciones podría ser un acontecimiento de la ‘prehistoria’, pero no. Hace unos 20 años, ciertos banqueros recibieron del Estado alrededor de 200 millones de dólares que garantizaban sus negocios privados a costa de sus propios clientes y en detrimento del erario público.

Y eso fue posible gracias a la existencia de una legislación (propuesta y sustentada por el presidente Sixto Durán-Ballén) a favor de los ‘poderes fácticos’ (léase los grupos financieros y bancarios que sostuvieron varios gobiernos en el siglo pasado y en la primera mitad de la primera década del presente).

Tras 19 años de un proceso judicial, cuyas dos primeras instancias las perdió el Estado, por fin llega una sentencia para que los expropietarios del Banco Continental paguen alrededor de 192 millones de dólares. No solo se trata de un hecho histórico, sino de una razón más a favor de haber cambiado ese modelo económico, corrupto en esencia, por el cual se afectó a todo el país y a millones de cuentahabientes.