El Banco Central del Ecuador (BCE) recibió una certificación antisobornos
El soborno o cohecho o coima o “mordida” es un delito en la administración pública y fuera de ella. Socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia. Además, erosiona la justicia, viola los derechos humanos y es un obstáculo para salir de la pobreza.
También destruye la confianza en las instituciones y boicotea el funcionamiento eficiente de los mercados.
Hay acuerdos internacionales contra el soborno como: la Convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y las leyes nacionales.
Pero las normativas locales no son suficientes para luchar contra este delito. Por eso, existe una certificación internacional por implementar el Sistema de Gestión Antisoborno para establecer una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento que ayuda a prevenir, detectar y enfrentar el soborno en instituciones públicas y privadas.
Ayer, el Banco Central del Ecuador (BCE) se convirtió en el primer banco central del mundo en recibir una certificación antisoborno (ISO 37001) por implementar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGA).
El BCE obtuvo ese certificado internacional después superar dos auditorías: una interna y otra externa. La entidad tiene una política antisoborno desde el 5 de agosto de 2019 y un sistema que incluye procedimientos y responsabilidades de las diferentes áreas.
Esto es una muestra del compromiso del Gobierno con la transparencia, las buenas prácticas y los procesos correctos. También evidencia la lucha contra de la corrupción, mientras el BCE es un ejemplo de cómo deben funcionar todas las instituciones públicas del país.
El BCI ha combatido contra los grandes delitos financieros, pero no había topado el tema del soborno. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, cada año al menos el 2 % del Producto Interno Bruto (PBI) mundial se desvía para pagar sobornos.
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