Por ahora solo hay muchos datos y algunas cifras. Y con eso el balance es bastante positivo. De hecho, si fuese negativo tendríamos grandes titulares en los periódicos sentenciados y de la empresa privada.

Ninguno de ellos dudaría en hacer un gran despliegue para señalar que los objetivos de la consuta popular del 7 de mayo de 2011 no se cumplieron, pero como no es así, ha pasado desapercibido el tratamiento mediático a un tema que provocó, ahí sí, un gran despliegue informativo y editorial por más de cuatro meses.

Por lo pronto es cierto que “la metida de mano en la justicia” ha tenido un efecto positivo: más del 45% del proceso de reestructuración de la justicia se concreta, las reformas legales están en manos de la Asamblea y en el país hay un clima favorable y nadie puede demostrar que ahora hay “injusticias” a favor de un “poder omnímodo”.

Preliminarmente se advierte un avance legítimo para modernizar el sistema de justicia, no solo desde la infraestructura, sino desde los procedimientos y trámites. La gente insiste en que falta mucho, pero también acepta que  hay una mejora considerable. Frente a la “quiebra” el mínimo como el máximo avance será poco.

Lo más importante es el balance político: las fuerzas que se opusieron siguen congeladas en la reivindicación de unos principios que no generan ninguna movilización ni de sus adeptos, y menos del país. Los que hicieron campaña por el

“No” se mantienen intactos desde una oposición cómoda para que nada cambie o solo sea un maquillaje de cambio. Y quienes apoyaron la reforma de la justicia saben que el reto es ir más allá de un simple cambio administrativo: una revolución en el sistema judicial implica que no haya injusticia o que, si se tarda en aplicarla, no constituya un atentado al derecho de las personas de recibir justicia pronta y oportuna. Sin embargo, este proceso empezó y tiene mucho que recorrer aún.