Una buena noticia para el país. Ayer Ecuador y el FMI llegaron a un acuerdo de 27 meses para la renegociación de la deuda, en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) de aproximadamente $ 6.500 millones.

El nuevo programa tiene dos objetivos principales: proteger la vida y restaurar la estabilidad macroeconómica para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecer las instituciones nacionales. Así se establecen las bases de un crecimiento sólido, duradero e inclusivo, según el Ministerio de Finanzas.

El financiamiento adicional de los socios bilaterales y multilaterales de Ecuador es fundamental para complementar el canje de deuda exitoso y proporcionar alivio de liquidez a la actual y futuras administraciones, para garantizar la sostenibilidad de la deuda.

El FMI respalda las políticas económicas del Gobierno para ampliar la cobertura de los programas de asistencia social, proteger a los segmentos vulnerables de la población, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda y fortalecer las instituciones nacionales. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la gerencia del FMI y del Directorio Ejecutivo en las próximas semanas. También a la implementación de acciones previas sobre sus compromisos financieros.

El organismo internacional señala que la economía de Ecuador se ha visto aún más afectada por una confluencia de choques: la pandemia de covid-19 y la fuerte disminución de los precios del petróleo, que se pronostica una caída récord en la actividad económica, que según estimaciones, se contraerá en un 11% en 2020, y muchos ecuatorianos están cayendo a la pobreza.

La financiación ayudará a amortiguar la recesión y protegerá los saldos fiscales de nuevas tensiones. Las autoridades se comprometen a tomar medidas tempranas para mejorar las finanzas públicas, una vez que la economía comience a recuperarse.

¿Cuáles? Promover reformas para la recuperación económica, modernizar la gestión de las finanzas públicas, mejorar la gestión de caja y de la deuda, la transparencia de la deuda, la eficiencia del gasto y combatir la corrupción.

El programa fortalecería la dolarización y buscará proteger el poder adquisitivo de todas las familias ecuatorianas y garantizar un acceso adecuado al crédito. (I)