El modo y el método parecen recuperar prácticas ya vividas en el país. Habría que recordar qué ocurrió en 1997 con aquella Comisión Anticorrupción que se propuso revisar todos los actos ilegales y antiéticos de un gobierno que cayó por sus errores y escándalos.

En lo medular, ningún caso comprobado de corrupción puede quedar en la impunidad. Ningún ciudadano y mucho menos autoridad debe dejar pasar y tampoco impedir que se investigue y se sancione si fuese del caso. La corrupción es una lacra que afecta -por sus implicaciones éticas- a toda la sociedad. Y si un ciudadano o un grupo de amigos o actores políticos sabe, conoce y tiene pruebas de corrupción es obvio y hasta una obligación denunciar. Pero otra cosa es escandalizar. Y de eso tenemos muchos ejemplos.

Hubo un tiempo en que si los diputados no hacían escándalo, no existían políticamente. De ahí que es válido discutir hasta dónde esas denuncias que se hacen con una amplia cobertura mediática después terminan en nada porque lo de fondo no ocurrió o porque simplemente se trató de un acto político de un grupo opositor. (O)